El proyecto amplía y mejora el derecho de los estudiantes a retractarse de contratos de educación. Cambia el plazo para ejercer este derecho: en lugar de 10 días desde la publicación de resultados de admisión, permite retractarse dentro de 10 días desde la firma del contrato. Además, extiende esta protección a todos los servicios educacionales (no solo educación superior) y permite que las instituciones retengan solo hasta el 10% de la matrícula como costo administrativo.
Actualmente, algunas universidades incluyen el derecho a retracto en sus contratos cuando el plazo legal ya ha vencido, lo que lo hace inútil. El proyecto busca proteger a estudiantes y familias de cláusulas abusivas en contratos educacionales, reconociendo que la educación es un derecho social fundamental y que existe una desigualdad importante entre instituciones educacionales (proveedores) y estudiantes (consumidores). Esto es especialmente relevante porque más de 1.3 millones de estudiantes asisten a instituciones privadas, y muchas familias toman decisiones educacionales bajo presión sin tiempo suficiente para reflexionar.
Generado el 8 jul 2026
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