El proyecto amplía las reglas de probidad para altos funcionarios públicos (Presidente, ministros, diputados, alcaldes, etc.) que tengan patrimonio considerable. Actualmente, estos funcionarios deben poner sus inversiones en Chile bajo administración ciega o venderlas para evitar conflictos de interés. La propuesta incluye también sus activos e inversiones en el extranjero en esa misma obligación, de modo que no puedan administrar directamente ni beneficiarse de inversiones fuera del país mientras ejercen funciones públicas.
Busca cerrar un vacío legal que permitió que altos funcionarios mantuvieran inversiones en el extranjero sin declararlas ni someterlas a administración ciega, lo que puede generar conflictos de interés. El caso mencionado es el de un ex presidente que habría invertido en empresas pesqueras peruanas mientras Chile litigaba con Perú en la Corte Internacional de Justicia. La medida pretende garantizar que los funcionarios públicos prioricen el interés general sobre sus intereses privados, sin importar dónde estén ubicados sus activos.
Generado el 8 jul 2026
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