El proyecto obliga a las municipalidades a considerar las condiciones de remuneraciones y empleo de los trabajadores en al menos un 10% de la evaluación cuando licitan servicios de recolección, transporte o disposición de residuos. Además, incentiva que las empresas contratistas mantengan a los trabajadores que ya prestaban el servicio en el contrato anterior.
Los trabajadores que recolectan residuos en servicios externalizados por municipalidades tienen condiciones laborales precarias. Aunque las municipalidades son responsables solidaria o subsidiariamente de sus obligaciones laborales, los criterios de licitación pública no garantizan un piso mínimo de protección salarial. Esta medida busca mejorar remuneraciones y continuidad laboral en un sector vulnerable, equilibrando los principios de libre concurrencia con protección laboral.
Generado el 8 jul 2026
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