El proyecto busca fortalecer la seguridad en el Metro de Santiago otorgando facultades al personal de seguridad de la empresa para constatar, denunciar y sancionar infracciones (como comercio ilegal, evasión tarifaria, daños a instalaciones), así como para requerir el abandono de estaciones. También tipifica como delito penal las conductas que interrumpan gravemente el funcionamiento del servicio.
El Metro de Santiago moviliza más de 640 millones de viajes anuales y es infraestructura crítica para la Región Metropolitana. En los últimos años ha aumentado el comercio ilegal, la evasión tarifaria, daños a instalaciones e interrupciones del servicio que afectan a millones de usuarios. El proyecto responde a la vulnerabilidad del sistema ante desorden público (como los disturbios del 1 de mayo de 2025) y a la falta de facultades del personal de Metro para actuar, limitación que surgió en 1989 cuando la empresa pasó de ser dirección pública a sociedad anónima.
Generado el 8 jul 2026
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