El proyecto aumenta significativamente las penas para delitos de corrupción (cohecho y soborno), crea nuevos delitos de soborno entre particulares y administración desleal en el sector privado, y ajusta la responsabilidad penal de empresas. Busca que las sanciones sean más severas, efectivas y acordes con estándares internacionales.
La corrupción debilita las instituciones democráticas, distorsiona la economía y erosiona la confianza pública. Las penas actuales son muy bajas (máximo 3 años para cohecho), lo que genera impunidad y no cumple con compromisos internacionales de Chile (OCDE, ONU, OEA). El proyecto busca que las sanciones sean proporcionales a la gravedad del delito, que se evite la prescripción por demoras en investigación, y que se castigue también la corrupción privada, no solo la pública.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026