El proyecto crea una empresa estatal llamada "Fondo de Infraestructura S.A." para construir, ampliar, reparar y explotar proyectos de infraestructura (carreteras, aeropuertos, transporte público, etc.) usando dinero público y privado. El Estado tendría el 99% de la empresa y CORFO el 1%, y funcionaría como una sociedad anónima independiente con su propio directorio.
Después de 20 años de concesiones de infraestructura, el Estado necesita una forma más eficiente de gestionar los activos que vencen y reasignar recursos entre proyectos. La OCDE y el FMI recomiendan mejorar la gobernanza de la inversión en infraestructura. Este Fondo busca cerrar brechas de conectividad, mejorar la productividad, reducir segregación territorial y aumentar la calidad de vida, pero requiere que sea financieramente sostenible y no distorsione el mercado.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026