El proyecto crea sanciones penales (cárcel) para quienes participen en colusión (acuerdos entre competidores para fijar precios, repartir mercados o limitar producción). Aumenta las multas administrativas al doble del beneficio obtenido por la infracción. Establece una agravante penal cuando la colusión afecta alimentos, medicamentos, salud, educación o vivienda. Permite que quienes denuncien primero a la Fiscalía queden exentos de pena criminal.
La colusión daña la libre competencia: sube precios, reduce calidad de productos, limita opciones de compra y favorece monopolios. Afecta especialmente a familias de menores ingresos que no pueden cambiar de proveedor en servicios básicos. Actualmente solo hay sanciones administrativas; este proyecto agrega penas de cárcel para que sea un desincentivo real. La delación compensada (denunciar primero a cambio de no ir a cárcel) busca que los propios coludidores revelen estos acuerdos secretos.
Generado el 8 jul 2026
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