El proyecto otorga un pago único de $1.000.000 a todas las personas reconocidas oficialmente como víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura (1973-1990). Las cónyuges sobrevivientes de víctimas fallecidas recibirán el 60% de este monto. El pago se realizará una sola vez y no será gravado con impuestos ni descuentos.
Durante la dictadura militar (1973-1990) ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos. Aunque el Estado ya otorga pensiones de reparación desde 2003, este proyecto busca complementar esa reparación con un aporte adicional. Responde a compromisos internacionales de Chile sobre indemnización a víctimas de tortura, a demandas de las propias víctimas (que realizaron huelgas de hambre) y al principio de que el Estado debe reparar directamente el daño que causó. Se espera mejorar la situación económica y dignidad de quienes sufrieron estas violaciones.
Generado el 8 jul 2026
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