El proyecto propone que los autoridades electas (alcaldes, concejales, consejeros regionales e intendentes) pierdan automáticamente su cargo si son condenados por violar las normas sobre financiamiento, transparencia y control del gasto electoral. La sanción se aplicaría una vez que la sentencia condenatoria quede firme, sin depender de la magnitud de la pena.
El proyecto busca fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones públicas estableciendo consecuencias claras y automáticas para quienes cometan delitos electorales. Actualmente, las sanciones por estos delitos pueden diluirse si se aplican penas alternativas a la cárcel, generando sensación de impunidad. Esta reforma garantizaría que quienes acceden al cargo mediante prácticas ilegales en el financiamiento de campañas no puedan continuar en funciones de representación, elevando los estándares de probidad y responsabilidad política.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026