El proyecto fortalece la defensa de la libre competencia en Chile mediante cinco cambios principales: aumenta las multas por colusión (carteles), prohíbe que empresas coludidas contraten con el Estado, mejora los incentivos para delatores, criminaliza los carteles duros, e introduce un sistema obligatorio de revisión previa de fusiones y concentraciones empresariales. Además, amplía las herramientas de investigación de la Fiscalía Nacional Económica y permite que consumidores demanden indemnizaciones por daños causados por prácticas anticompetitivas.
La colusión (acuerdos entre competidores para fijar precios, limitar producción o repartirse mercados) causa daño grave a los consumidores y a la economía. Chile ha detectado varios casos de carteles en sectores como retail, farmacias y construcción. El proyecto busca disuadir estas prácticas mediante sanciones más severas, herramientas de investigación más efectivas y un control preventivo de fusiones que podría reducir la competencia. Esto debería resultar en precios más bajos, mejor calidad de productos y servicios, y mayor confianza en los mercados.
Generado el 8 jul 2026
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Generado el 8 jul 2026