El proyecto agrava las penas por ocupación ilegal de terrenos (usurpación) cuando ocurren en áreas declaradas bajo protección ambiental, como santuarios de la naturaleza o humedales protegidos. Busca desincentivar construcciones ilegales y ocupaciones en estos espacios mediante sanciones penales más severas.
Actualmente, Chile carece de protección penal efectiva contra ocupaciones ilegales en terrenos ambientalmente protegidos, especialmente en propiedad privada. Casos como la ocupación del Cerro Ballena en Atacama y el Humedal Dunas de Longotoma en Valparaíso muestran que las autoridades responden lentamente. Las fundaciones privadas que administran estas áreas deben asumir solas la seguridad, desviándose de su misión de conservación. Agravar las penas busca proteger ecosistemas de alto valor y desincentivar ocupaciones que dañan la biodiversidad y el ordenamiento territorial.
Generado el 8 jul 2026
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