El proyecto modifica la ley de casinos para prorrogar el funcionamiento de siete casinos municipales hasta 2017 y luego por períodos de 15 años renovables. Además, cambia el sistema de asignación de permisos de operación: en lugar de elegir el "mejor proyecto", ahora se adjudica al que ofrezca más dinero anualmente a la municipalidad. También fortalece las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Casinos y aumenta las sanciones por incumplimientos.
Los siete casinos municipales vencían sus concesiones el 31 de diciembre de 2015, lo que habría dejado sin ingresos a municipalidades que dependen fuertemente de ellos y habría generado desempleo. El proyecto evita un vacío de dos años sin operación de casinos (tiempo que toma instalar uno nuevo) durante el cual el Fisco perdería recaudación tributaria. Además, busca mejorar la competencia en la industria de casinos pasando de un sistema subjetivo de selección a uno basado en ofertas económicas, similar a modelos internacionales, y refuerza la supervisión estatal para proteger la transparencia y la fe pública en el juego.
Generado el 8 jul 2026
No fue posible generar este resumen — reintentando automáticamente.