El proyecto endurece significativamente las penas por tortura, aumentándolas de reclusión menor a presidio mayor en grado mínimo. Además, establece que los delitos de tortura nunca prescriben (no hay plazo para perseguir ni castigar a los responsables), amplía quién puede ser considerado torturador (no solo funcionarios públicos), e incorpora como agravantes la muerte, lesiones graves y abuso sexual de la víctima.
Chile ratificó en 1988 la Convención Internacional contra la Tortura, pero su legislación actual no cumple con los estándares internacionales. El proyecto busca alinearse con compromisos internacionales y reconocer la tortura como crimen de lesa humanidad. Es particularmente relevante dado el historial de violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la dictadura (1973-1990), muchos de cuyos responsables aún gozan de impunidad. La imprescriptibilidad permite perseguir estos crímenes sin límite de tiempo, reflejando su gravedad extrema.
Generado el 8 jul 2026
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