El proyecto crea dos nuevas figuras administrativas para instituciones de educación superior en crisis: un administrador provisional que asuma la gestión cuando hay problemas graves de viabilidad académica, administrativa o financiera, y un administrador de cierre que ordene el cierre ordenado de la institución cuando se revoque su reconocimiento oficial. Ambos tienen como objetivo proteger el derecho a la educación de los estudiantes, asegurar la continuidad de sus estudios y el buen uso de los recursos institucionales.
Actualmente, cuando una institución de educación superior tiene problemas graves, la única opción legal es revocar su reconocimiento oficial y cerrarla, lo que deja a los estudiantes sin protección. Este proyecto aborda un vacío regulatorio importante: permite intervenciones graduales antes del cierre definitivo, protege el derecho a la educación de los estudiantes asegurando que puedan continuar y terminar sus estudios, resguarda la fe pública en el sistema de educación superior, y establece mecanismos para que los estudiantes afectados por un cierre puedan reubicarse en otras instituciones manteniendo sus beneficios estatales (becas y créditos).
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026