El proyecto aumenta las sanciones penales para autoridades elegidas por voto popular (Presidente, parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales) que cometan delitos de corrupción en el ejercicio de sus cargos. Además de la pena principal, se añade la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.
La confianza en las instituciones políticas chilenas es muy baja (5% según estudios citados). El proyecto busca restaurar credibilidad mediante sanciones más severas contra autoridades electas que cometan corrupción, enviando una señal clara de que los cargos públicos conllevan mayor responsabilidad. Se espera desincentivar actos de corrupción y mejorar la percepción de transparencia institucional.
Generado el 8 jul 2026
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