El proyecto obliga a las constructoras a inscribir en el Conservador de Bienes Raíces los terrenos destinados a áreas verdes, plazas y equipamiento comunitario a nombre de la Municipalidad inmediatamente después de aprobar el plano de subdivisión, como requisito para obtener la recepción definitiva de la obra. También establece un plazo de un año para regularizar terrenos que ya fueron entregados sin esta inscripción, con multas para las constructoras que no cumplan.
Actualmente, muchas constructoras obtienen la aprobación de sus proyectos sin completar la inscripción legal de los terrenos de equipamiento comunitario, lo que deja estos espacios a nombre de las empresas en lugar de las municipalidades. Esto impide que las comunidades y municipios accedan a recursos públicos para construir sedes sociales, plazas y espacios recreativos. El proyecto busca asegurar que estos terrenos pasen efectivamente a manos públicas para que puedan ser utilizados en beneficio de la comunidad.
Generado el 8 jul 2026
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