El proyecto propone restablecer penas de cárcel para el delito de colusión (cuando empresas se ponen de acuerdo para fijar precios, limitar producción o repartirse mercados). Busca castigar con presidio a quienes ejecuten estos acuerdos y disolver las empresas que incurran en estas prácticas.
La colusión daña la libre competencia y perjudica a los consumidores, quienes terminan pagando precios más altos por productos y servicios. Hasta 2003, la colusión era delito con penas de cárcel, pero se eliminó esa sanción penal reemplazándola solo por multas y responsabilidad civil. El proyecto busca recuperar el efecto disuasivo de las penas privativas de libertad, considerando que la colusión es la conducta más nociva contra la libre competencia según la Fiscalía Nacional Económica.
Generado el 8 jul 2026
No fue posible generar este resumen — reintentando automáticamente.