El proyecto aumenta significativamente las multas penales para quienes usen fraude para alterar artificialmente los precios de bienes, servicios o activos en el mercado. Busca pasar de multas de 6 a 10 unidades tributarias mensuales a multas de 10 mil a 30 mil unidades tributarias anuales, manteniendo además las penas de cárcel ya existentes en el Código Penal.
Actualmente las multas por fraude de precios son muy bajas (máximo $400 mil aproximadamente), lo que no desalienta a empresas que obtienen ganancias mucho mayores con estas prácticas. El proyecto busca que la sanción sea proporcional al daño económico causado y que realmente disuada estas conductas. Esto es especialmente relevante tras casos como la colusión de farmacias, donde las multas aplicadas fueron muy inferiores a los beneficios obtenidos ilícitamente.
Generado el 8 jul 2026
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