El proyecto modifica la sanción que reciben los funcionarios públicos destituidos por acusación constitucional. En lugar de quedar inhabilitados para ejercer cualquier cargo público durante 5 años, solo quedarían impedidos de trabajar en ministerios o cargos de confianza presidencial durante el período presidencial en que fueron destituidos. Además, restauraría los derechos políticos de quienes ya fueron sancionados bajo la norma anterior.
La inhabilitación de 5 años para cargos públicos fue introducida en la Constitución de 1980 como reacción a prácticas del Gobierno de la Unidad Popular. Los proponentes argumentan que esta sanción es excesiva porque: (1) la destitución del cargo ya es una sanción grave; (2) si hay delitos penales comunes, estos pueden perseguirse y castigarse por separado; (3) restringe derechos políticos sin haber probado responsabilidad penal; (4) genera inconsistencias (un traficante de drogas recupera derechos antes que un ministro destituido); y (5) no existe en derecho comparado. El proyecto busca alinear la sanción constitucional con la tradición democrática anterior a 1980.
Generado el 8 jul 2026
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