El proyecto establece una distancia mínima de 100 metros entre plantas de tratamiento de aguas servidas (que sirven a más de 50 personas) y viviendas. Las plantas existentes que estén más cerca deberán certificar que no causan molestias por olores o ruidos en un plazo de 90 días, o presentar un plan de obras para solucionarlo en un año.
En 2004 se redujo la distancia mínima de 100 a 20 metros para facilitar la construcción de viviendas en terrenos urbanos limitados. Sin embargo, experiencias en varias ciudades han mostrado que las tecnologías para minimizar olores y ruidos no siempre se implementan por costos, especialmente en localidades pequeñas. Esto afecta la calidad de vida de los vecinos. El proyecto busca restaurar la protección sanitaria anterior, ahora como ley en lugar de solo reglamento, para que cualquier cambio requiera debate público.
Generado el 8 jul 2026
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