El proyecto propone que la Constitución reconozca explícitamente que el Estado tiene la obligación de eliminar obstáculos que impidan el desarrollo pleno de las personas, y que para ello puede implementar medidas de acción afirmativa (como cuotas, beneficios especiales o trato diferenciado) para garantizar que todos gocen efectivamente de sus derechos, no solo formalmente.
Actualmente la Constitución prohíbe la discriminación arbitraria, pero no obliga explícitamente al Estado a actuar para corregir desigualdades de hecho. Este proyecto busca cerrar esa brecha: reconocer que la igualdad real requiere no solo tratar igual a todos, sino también tomar medidas especiales para quienes están en desventaja. Esto legitimaría constitucionalmente políticas como cuotas de género, beneficios para personas con discapacidad, o programas de desarrollo regional, que hoy pueden ser cuestionadas legalmente. El cambio alinea la Constitución con estándares internacionales de derechos humanos y jurisprudencia de cortes internacionales que ya reconocen la discriminación positiva como compatible con la igualdad.
Generado el 8 jul 2026
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