El proyecto deroga el Código de Justicia Militar vigente y lo reemplaza por un nuevo código que restringe significativamente la jurisdicción penal militar. Limita los delitos militares solo a conductas dolosas cometidas por militares que infrinjan deberes castrenses específicos, eliminando la competencia sobre civiles y delitos comunes. Reorganiza los tribunales militares con jueces letrados profesionales independientes del poder militar.
Chile tiene una jurisdicción penal militar excesivamente amplia comparada con estándares internacionales y democracias occidentales. El proyecto responde a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara (2005), que condenó a Chile por violar garantías de imparcialidad, independencia e igualdad ante la ley. La reforma busca adecuar la legislación a tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, proteger a civiles de ser juzgados por tribunales militares, y garantizar el debido proceso en delitos que sí correspondan a la justicia militar.
Generado el 8 jul 2026
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