El proyecto permite que las comunidades indígenas arrienden sus tierras por un plazo máximo de 5 años, generando ingresos para las comunidades y permitiendo que terceros desarrollen actividades productivas en esos terrenos. Actualmente la ley lo prohíbe, mientras que las personas indígenas individuales sí pueden arrendar.
Las comunidades indígenas han recibido miles de hectáreas a través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas en los últimos 20 años, pero muchas no las cultivan por desconocimiento o falta de capacidad de gestión. Permitir el arriendo generaría ingresos para las comunidades y permitiría que las tierras sean productivas. Esto busca contribuir al desarrollo económico de los pueblos originarios y aprovechar mejor los recursos territoriales, especialmente en contextos como la Región de La Araucanía donde la reivindicación de tierras indígenas sigue siendo un tema crítico.
Generado el 8 jul 2026
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