El proyecto obliga a las empresas de telecomunicaciones a garantizar una velocidad mínima de Internet: 70% de la velocidad contratada en conexiones nacionales y 50% en internacionales para acceso fijo; 60% y 40% respectivamente para acceso móvil. Si no cumplen, deben reducir el precio del plan o enfrentar sanciones. También prohíbe degradar la velocidad por uso del servicio.
Actualmente, los proveedores de Internet anuncian velocidades que en la práctica entregan solo el 30% en conexiones internacionales, lo que constituye publicidad engañosa. Sin una garantía legal de velocidad mínima, los usuarios pagan por un servicio que no reciben. Esta medida busca transparentar el mercado, proteger a los consumidores y crear incentivos para que las empresas mejoren la calidad del servicio.
Generado el 8 jul 2026
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