El proyecto moderniza la ley de firma electrónica para permitir que más actos y contratos se realicen por medios electrónicos seguros, reconociendo que un documento electrónico firmado digitalmente tiene los mismos efectos legales que uno en papel. Busca simplificar trámites, reducir costos y fortalecer la confianza en las transacciones digitales.
Desde 2002 existe una ley sobre firma electrónica, pero su uso ha sido muy limitado: solo 5 prestadores acreditados y 15 mil usuarios, mientras que el acceso a internet creció de 18% a 36% en los hogares. El proyecto busca resolver obstáculos legales que desalientan el uso de documentos digitales (como restricciones innecesarias, incertidumbre sobre su validez en juicio, y falta de herramientas técnicas modernas). Esto permitiría ahorrar costos, acelerar trámites en el Estado y empresas, y modernizar el comercio electrónico chileno.
Generado el 8 jul 2026
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