El proyecto declara que el agua es un bien de todos los chilenos (no propiedad privada) y encarga a la ley regular cómo se otorgan derechos de uso del agua a particulares. Establece que estos derechos nunca pueden ser perpetuos y que el Estado debe reservar agua para garantizar el consumo humano, especialmente en zonas áridas del norte donde vive el 60% de la población.
Chile enfrenta un déficit creciente entre disponibilidad de agua y demanda, especialmente en el norte donde vive más del 60% de la población y se genera el 70% del PIB. El marco legal actual trata el agua como un bien de mercado sin intervención estatal, lo que ha generado conflictividad y vulnera compromisos internacionales sobre derechos humanos al agua. La reforma busca que el Estado recupere capacidad de gestión para priorizar el consumo humano sobre otros usos y garantizar disponibilidad futura.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026